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En las Carlos III nos preocupamos por la televisión pública

  • Enrique Villalba
  • 24 abr 2016
  • 3 Min. de lectura

Crónica del debate del 12 de abril acerca de la televisión pública, realizado por alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Martes 12 de abril a las 12:30 horas, tuvo lugar en una de las aulas magistrales de la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, un debate acerca de la televisión pública nacional. Los participantes del debate, tanto la moderadora como los seis debatientes (tres a favor y tres en contra) y sus correspondientes testigos, eran alumnos de primer curso de Comunicación Audiovisual que se habían ofrecido voluntarios.

En la primera ronda de exposición de las diferentes posturas, vemos que el principal argumento ofrecidos por Ariadna Reina, Guillermo García y Carlos Gibello -defensores de la televisión pública- son que, al vivir en un Estado democrático tiene que existir una televisión pública, es un derecho constitucional de los ciudadanos.

Por el contrario, los argumentos aportados por la oposición –constituida por Javier Hervás, Jorge Riveira y Miguel Vega- son que la televisión pública no es sostenible económicamente ni necesaria, ya que ha perdido mucha audiencia frente a la privada. También afirmaron que lo que es necesario es una información libre, y la televisión pública no cubre esa necesidad, ya que está sujeta a la ideología del partido gobernante.

En la segunda ronda, donde tuvo lugar un intercambio de opiniones, se abordaron distintas cuestiones planteadas por la moderadora, Sandra Lozano. Esta segunda ronda comenzó tratando una tema mencionado ya anteriormente, siendo la pregunta lanzada a los debatientes “¿qué debería hacer el Gobierno para que la TV pública no fuese concebida como algo propagandístico, influido por el partido gobernante?”.

Las respuestas ofrecidas por los defensores de la televisión pública fueron la creación de un órgano que la controlase de manera permanente, independientemente de los cambios políticos, aunque también recalcaron que quizá la culpa sea del modelo, y no de la televisión en sí.

Los opositores se mostraron de acuerdo con la idea de hacer una televisión pública independiente del Gobierno, así como se reafirmaron en que lo fundamental es garantizar una información libre, y a hasta que ésta no pueda ser garantizada, la TV pública no es necesaria. También se criticó duramente que el Gobierno coloque a gente de su partido en la televisión, reforzando la necesidad de hacer independiente de la política.

También se abordo el tema de cómo debería controlarse la televisión pública, coincidiendo ambas partes en que éste debería ser responsable y transparente, llevado a cabo por un consejo audiovisual, siendo éste –como se dijo anteriormente- independiente del Gobierno.

Sin duda, el momento más conflictivo, donde más fuertemente chocaron opiniones, fue cuando se propuso como tema a debatir si se deberían proteger o no los medios autonómicos.

Comenzando esta vez por los opositores, éstos creían que no deberían existir ya que fragmentan España, o que quizá la solución sería unificar todos los canales autonómicos en uno solo. Alguno, más radical, señaló que carecen de valor público y que, por lo tanto, deberían suprimirse.

Los defensores, en cambio, aseguraban que los medios autonómicos tienen un gran valor, ya que protege la diversidad de las distintas autonomías, además de ser un derecho. También reconocieron que en la actualidad están mal gestionados, pero que realmente no supone un gasto excesivo.

Para poner fin al debate, fueron llamados a exponer los diferentes testigos, quienes reforzaron con más datos e ideas los argumentos expuestos previamente.


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